De la norma a la práctica: la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.). y los retos de la Ley 2/2023 para empresas y sector público
El 1 de septiembre de 2025 ha comenzado a funcionar la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.), prevista en la Ley 2/2023, que transpone la Directiva (UE) 2019/1937. La A.A.I. gestionará el canal externo estatal, apoyará a los informantes y podrá imponer sanciones por incumplimiento
La Ley obliga a las empresas con 50 o más trabajadores, a entidades de sectores regulados, así como a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales con sus fundaciones, a implantar un Sistema interno de información (SII) confidencial y operativo.
El incumplimiento de estas obligaciones puede constituir infracción muy grave, con sanciones de hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas, además de la posible prohibición de contratar con el sector público o acceder a subvenciones.
En este contexto, las empresas deben revisar y consolidar sus canales internos, designar responsables y garantizar su funcionamiento eficaz, minimizando riesgos legales y reputacionales.
